Me voy a divorciar. ¿Tengo derecho a solicitar una pensión compensatoria?

noviembre 26th, 2020 by

Son muchas las preguntas que nos pueden venir a la mente cuando vamos a dar un paso tan importante como es finalizar un matrimonio y, por tanto, cuando se inicia un proceso de separación o divorcio.Nos planteamos tantas cuestiones porque, evidentemente, cuando hay una ruptura se ven alterados muchos aspectos, tanto emocionales como económicos y, entre ellos, se nos plantea la pregunta de si tendremos derecho a percibir algún tipo de prestación a causa de esta nueva situación.

Es menester indicar que, si bien existen diversos tipos de prestaciones, nos centraremos en analizar la prestación compensatoria por lo que, tal y como dispone nuestro Código civil de Catalunya:

El cónyuge la situación económica del cual, como consecuencia de la ruptura de la convivencia, resulte más perjudicada, tiene derecho a solicitar en el primer proceso matrimonial una prestación compensatoria que no exceda el nivel de vida que gozaba durante el matrimonio ni el que pueda mantener el cónyuge obligado al pago, teniendo en cuenta el derecho de alimentos a los hijos, que es prioritario. En caso de nulidad del matrimonio, tiene derecho el cónyuge de buena fe en las mismas circunstancias”.

Como podemos ver, el cese de la convivencia matrimonial produce normalmente una bajada sustancial en la situación económica de los cónyuges a causa del incremento de los gastos que cada uno deberá asumir por separado, o en la respectiva aptitud para obtener ingresos. Por ese motivo existirá el derecho a percibir una prestación compensatoria cuando se pueda acreditar que existe un desequilibrio económico entre ambos cónyuges derivado del matrimonio.

Para determinar tal desequilibrio deben tenerse en cuenta varios aspectos:

  • La duración del matrimonio.
  • La edad y el estado de salud del cónyuge que la reclama.
  • La calificación profesional y las posibilidades de acceder al mercado laboral del cónyuge que la reclama.
  • La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
  • La dedicación pasada y futura a la familia.
  • Si el cónyuge que la reclama no tiene una nómina, pero tuviera patrimonio que le genere rentas.
  • La pérdida eventual de un derecho de pensión.
  • El caudal, los medios económicos, y las necesidades de uno y otro cónyuge.
  • Cualquier otra circunstancia relevante.

El momento determinante para evaluar el cambio de situación económica es el de la ruptura, sin perjuicio de que puedan tenerse en cuenta otras eventualidades que puedan suceder en un futuro (la jubilación, el cobro de un plan de pensiones, la independencia económica de los hijos etc) para valorar la magnitud del perjuicio, tanto si es previsible que lo aumenten como que lo disminuyan.

Por tanto, será preciso y necesario analizar todas las circunstancias del caso concreto a los efectos, en primer lugar, de determinar si procede la solicitud de esta prestación y, en caso de considerar que puede reclamarse, determinar la cuantía y la temporalidad de la misma.

Finalmente, indicar que en el supuesto de que los cónyuges alcancen un pacto y, por tanto, el procedimiento judicial se tramite de mutuo acuerdo, la pensión compensatoria deberá estar acordada dentro del convenio regulador que se formalice, fijando tanto el importe como la temporalidad de la misma pero, en el supuesto de que no se llegue al acuerdo entre las partes y, por tanto, deba iniciarse procedimiento contencioso, el momento para reclamar la prestación será precisamente en el primer proceso matrimonial , sea el de separación, divorcio o nulidad del matrimonio, por lo que, una vez analizadas todas las circunstancias y valorada la posibilidad de solicitarla, ese momento será el idóneo proceder a su reclamación.

¿Con quién se quedan las mascotas en caso de divorcio?

octubre 12th, 2020 by

Sabemos que un divorcio la gran mayoría de veces es una experiencia traumática donde confluyen varios conflictos, entre los más comunes está el reparto del patrimonio familiar, así como la regulación de las medidas entorno al hijo o hijos comunes de la pareja.

No obstante lo anterior, cada vez es más habitual y frecuente que las familias sumen a su núcleo familiar un nuevo miembro peludo y, en la gran mayoría de ocasiones son uno más de la familia, de modo que en caso de ruptura de la misma también adquieren un gran protagonismo ya que deberemos regular quién se queda con el animal de compañía y, en su caso, como se reparte el tiempo de disfrute con el mismo.

Si bien es cierto que en marzo de 2019 se publicó una propuesta de reforma en el Congreso de los Diputados que, entre otras cuestiones de debate, pretendía modificar el régimen jurídico de lo animales para adaptarlos a la mayor sensibilidad social existente en nuestros días y reconocerles  su cualidad de seres vivos dotados de sensibilidad, lo cierto es que a día de hoy no se ha aprobado y, por tanto, nuestro Código Civil sigue indicando que “todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes muebles o inmuebles”, por tanto, en la actualidad no existen unas medidas específicas para establecer y regular el régimen de visitas o de custodia para las mascotas, ya que estos términos se emplean únicamente para los hijos.

¿Quién pasará a cuidar del animal en caso de ruptura?

En el registro de Identificación Animal de cada Comunidad Autónoma solo puede inscribirse el nombre de uno de los dos cónyuges como propietario. Debemos tener en cuenta, por tanto, que podemos encontrarnos generalmente en dos situaciones:

  • Cónyuges casados en régimen de gananciales: en este caso las partes podrán pactar la copropiedad del animal con el objetivo de compartir del cuidado y disfrute de la mascota, así como sus gastos. Al ser un bien ganancial, es decir, comprado o adquirido por los cónyuges durante el matrimonio, pertenece a los dos de forma igualitaria. El juez puede decidir si atribuírselo a uno de ellos, o bien decidir sobre su venta y reparto de la ganancia. El juez utilizará criterios como la dedicación de cada una de las partes al cuidado de la mascota, las aportaciones económicas para su cuidado (como por ejemplo veterinario y comida) y, normalmente el cónyuge que más se haya ocupado del animal será quién se lo quede.
  • Cónyuges casados en régimen de separación de bienes: la mascota pertenecerá al cónyuge titular de la misma, no obstante, este supuesto es más incierto puesto que no siempre coincide que el propietario sea la persona que tiene mayor vinculo afectivo con el animal, ni la que le presta más cuidados habitualmente, por tanto, se podrá acreditar y demostrar que la mascota es común aportando pruebas que así lo demuestren, como por ejemplo las facturas de las visitas al veterinario, así como el pago de la alimentación, juguetes y cualquier otro gasto asimilado.

Procedimientos a seguir para su regulación.

  • En el supuesto de que el procedimiento se tramite de mutuo acuerdo, las partes podrá acordar un régimen de visitas del animal en el convenio regulador, independientemente de quién aparezca legalmente como propietario del mismo.
  • Si existe desacuerdo sobre quién de los dos cónyuges es titular de la mascota, será preciso acudir a la vía judicial contenciosa y entonces será un juez el que decida sobre la controversia.

En el caso de que se declare la propiedad exclusiva del animal a uno de los dos cónyuges, el otro no tendrá derecho alguno sobre el mismo y, por el contrario, si se declara la copropiedad del animal atendiendo a los criterios que anteriormente se han mencionado, será posible determinar y fijar un reparto de tiempo de disfrute con cada una de las partes, así como el porcentaje de contribución a los gastos del mismo.

Tenencia de la mascota en caso de haber hijos menores de edad.

En casos concretos, el haber hijos menores de edad es un factor determinante a la hora de decidir quien se queda con la mascota y, asimismo, fijar los aspectos más importantes entorno a la tenencia de la misma.

Siendo así, actualmente la jurisprudencia mayoritaria establece que el animal deberá estar en la vivienda donde se encuentre el menor por el especial apego de la mascota con el niño, ya que la relación entre los niños y los animales de compañía acostumbra a generar lazos muy fuertes y la ruptura de los progenitores puede llegar  a ser traumática para los hijos de la pareja, por lo que si el juez a la hora de valorar considera que es bueno para el niño no separarse de su mascota, así lo determinará.

Desde mi punto de vista como letrada, teniendo en cuenta que el procedimiento judicial contencioso es una vía que a mi modo de entender debería evitarse en la medida de lo posible, y considerando que un animal de compañía en la mayoría de hogares es uno más de la familia teniéndoles una gran estima, considero que en un momento de ruptura la mejor alternativa es llegar a un consenso determinando cual de los miembros de la familia tiene el vinculo mas fuerte y obrar en consecuencia. Asimismo, en el supuesto de que ambos lo tengan, recomendaría acordar el reparto del tiempo con el animal a partes iguales.

¿Son válidos los mensajes de WhatsApp como prueba en un juicio?

julio 17th, 2020 by

Las conversaciones de WhatsApp son, actualmente, uno de los medios de mensajería instantánea más utilizados, y por ese motivo el contenido de esos mensajes, audios, imágenes, o videos que se comparten en todas estas conversaciones, se han convertido en una de las mayores herramientas y vías para demostrar hechos controvertidos en los Juzgados en caso de haber conflictos y, por tanto, son utilizados como prueba en muchos juicios.

No obstante lo anterior, debemos tener en cuenta si todas esas conversaciones o el contenido que pretendemos volcar como prueba tiene validez, y si cualquier pantallazo que presentamos en un juzgado es adecuado y admisible, de modo que procederé a explicar de manera detallada de qué modo debe presentarse y gestionarse para que pueda tener plena eficacia legal.

Primeramente, indicar que para que una conversación de Whatsapp adquiera plena validez en un juzgado, debe estar debidamente certificada y autentificada, y ello se consigue con la inclusión de un informe elaborado por un perito informático con titulación requerida para ello. Si bien es cierto que inicialmente pueden aportarse únicamente los pantallazos, existe un riesgo a que dicha prueba sea impugnada por la otra parte y, por tanto, si se procede a su impugnación, obligará a la parte que los ha aportado a presentar una prueba pericial que pruebe la autenticidad de esa conversación.

Es importante leer el fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo 300/2015 que afirma la necesidad de aportar una prueba pericial que identifique el origen real de la conversación, la identidad de los interlocutores y la integridad del contenido:

“La prueba de una comunicación bidireccional mediante un sistema de mensajería instantánea debe ser abordada “con todas las cautelas” dada la “posibilidad de manipulación de los archivos digitales”. Así, “será indispensable”, en caso de impugnación de la autenticidad de la conversación, “la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la integridad de los interlocutores y la integridad de su contenido”.

Por tanto, tal y como he referenciado con anterioridad, si bien es posible aportar un simple pantallazo, en el supuesto de que impugnen la autenticidad de ese contenido será indispensable la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en efecto, la integridad de su contenido por parte de la persona que ha aportado dicha prueba. Siendo así, es importante prevenir y, consecuentemente, es recomendable que quién aporte los pantallazos acuda junto a los mismos con los correspondientes medios para probar su autenticidad, teniendo en cuenta que además de ser viable la prueba pericial, también será admisible la testifical de alguno de los interlocutores.

Finalmente, es importante indicar que la impugnación realizada por la parte contraria no deja sin validez automática la captura de pantalla que se haya aportado como prueba, de modo que aunque se acuda únicamente con los pantallazos, no por ello serán retirados del proceso o apartados de un examen valorativo, sino que el tribunal podrá valorarlo de acuerdo a las reglas de la sana critica, pero desde mi punto de vista objetivo, y a los efectos de asegurar la prueba, es recomendable la aportación del terminal móvil ante el Letrado de la administración de Justicia o ante un Notario para que levante acta de su contenido, de los números de teléfono involucrados y de la hora y la fecha de la conversación y, además, en caso de sospechar la impugnación de la contraparte, veo necesario reforzarlo con una pericial informática, testificales que ratifiquen el contenido de los mensajes, o solicitar la prueba del reconocimiento judicial, todo ello para minimizar riesgos y evitar dar motivos de impugnación a la adversa.

¿Cuándo y cómo se pueden modificar las medidas acordadas en un procedimiento de divorcio, separación, o guarda y custodia?

junio 3rd, 2020 by

Las medidas que se acuerdan en un procedimiento de familia, ya sea de manera amistosa o de manera contenciosa, se adoptan teniendo en cuenta las circunstancias personales y patrimoniales de los cónyuges o de la pareja estable en el momento en el cual se debe dictar la sentencia.

No obstante lo anterior, las medidas que finalmente se hayan adoptado no necesariamente deben mantenerse definitivamente y, por tanto, podrán revisarse cuando varíen substancialmente las circunstancias personales y económicas que en su día llevaron a tomar los acuerdos iniciales de mutuo acuerdo, o bien los elementos que llevaron al Juez a fijar su pronunciamiento en la sentencia.

Siendo así, es importarte indicar los cuatro requisitos que se vienen exigiendo actualmente a los efectos de que pueda iniciarse un procedimiento de modificación de medidas por cualquiera de las partes y que son los siguientes:

  • Que haya tenido lugar un cambio en el conjunto de circunstancias consideradas al tiempo de adoptarse las medidas.  Es decir que desde que se adoptaron las medidas al momento en el que se solicita la modificación se haya producido un cambio de circunstancias.
  • Que el cambio de circunstancias sea sustancial, importante o fundamental.
  • Que la alteración o variación afecte a las circunstancias que fueron tenidas en cuenta por las partes o el Juez en la adopción de las medidas e influyeron como un presupuesto de su determinación.
  • Que la alteración de las circunstancias evidencie signos de permanencia, de modo que permita distinguirla de un cambio meramente coyuntural o transitorio de las circunstancias tenidas en cuenta en la adopción de las medidas.

Teniendo en cuenta los requisitos expuestos, la modificación de medidas que pretenda tramitarse se puede llevar a cabo mediante dos vías diferenciadas, esto es, mediante un procedimiento de mutuo acuerdo entre las partes, o bien mediante un procedimiento contencioso en el supuesto de que las partes no alcancen un acuerdo sobre las medidas a modificar.

En el supuesto de que la modificación se lleve a cabo mediante acuerdo, se podrá instar el procedimiento acompañando la solicitud de modificación del convenio regulador correspondiente en el que se recogerán todas las modificaciones de la sentencia que se quieren llevar a cabo para que sean aprobadas judicialmente.

De lo contrario, si las partes no alcanzan un acuerdo sobre las medidas que pretenden modificar, el cónyuge o la pareja estable que tenga la intención de modificarlas deberá presentar ante el Juzgado que acordó las medidas definitivas la correspondiente demanda especificando las medidas que pretende modificar y, consecuentemente, acreditando y justificando que efectivamente se ha producido el cambio de circunstancias que justifica dicha modificación.

Como podemos observar, no se trata de un procedimiento sencillo y, por tanto, en el supuesto de que finalmente ambas partes no alcancen un acuerdo sobre las medidas a modificar, será necesario estudiar toda la documentación, analizar debidamente todas las pruebas de las que se disponga a los efectos de acreditar el cambio de circunstancias, y estudiar tanto la viabilidad del proceso como la mejor estrategia, con el objetivo de gestionar el procedimiento con las máximas garantías.

Las consecuencias de no pagar la pensión de alimentos

mayo 12th, 2020 by

Los procedimientos judiciales para reclamar la pensión de alimentos que el otro progenitor adeuda son muy frecuentes.

Para empezar, debe determinarse lo que se incluye dentro de la pensión de alimentos con carácter general. Así pues, tal y como indica nuestro código civil de Catalunya:

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el mantenimiento, la vivienda, el vestido, la asistencia médica de la persona alimentada y, también los gastos para la formación si éste es menor, y para la continuación de la formación, una vez alcanzada la mayoría de edad si no la ha terminado antes por una causa que no le es imputable, siempre que mantenga un rendimiento regular. Asimismo, los alimentos incluyen los gastos de fallecimiento, si no están cubiertos”.

Siendo así, el obligado al pago de la pensión será el progenitor que no ostente la guarda y, por tanto, una vez fijados los mismos, éste deberá abonar mensualmente la cantidad establecida para sufragar estos gastos del menor que convive con el otro progenitor, no obstante, en muchas ocasiones, se incumple esta obligación, y esto supone consecuentemente que el progenitor que ostenta la guarda se vea en la obligación de asumir todos los gastos.

No existe motivo para impagar la pensión puesto que la finalidad de la misma es el bienestar de los hijos y, por tanto, cuando por sentencia judicial se ha establecido el pago y el importe de la misma, es obligatorio su abono, sin perjuicio de que si cambian sustancialmente la circunstancias del obligado al pago y, por tanto, hay un motivo debidamente justificado, pueda solicitar judicialmente una modificación de las medidas que se establecieron por sentencia y, por tanto, la reducción de la misma.

Entrando ya en los procedimientos que pueden iniciarse en el supuesto de que se incumpla el pago de la pensión, es preciso indicar que podemos optar por las dos vías que a continuación procederé a exponer, poniendo de relieve que siempre es preferible agotar la via amistosa y, por tanto, intentar solucionar el problema sin necesidad de acudir a la via judicial.

PROCEDIMIENTO CIVIL

Cualquier cantidad que se adeude podrá reclamarse por esta vía mediante un procedimento de ejecución. En el proceso que se inste podrán reclamarse las cantidades que hasta esa fecha se deban y, además, las que vayan acumulándose en el transcurso del proceso, si la otra parte no las abona.

En este procedimiento una vez se acuerde la ejecución por parte del juez, será posible proceder al embargo de la nómina, las cuentas y, si es preciso, los bienes del deudor.

Es importante que se tenga en cuenta que, en los procedimientos de familia y al tratarse de cantidades adeudadas en concepto de pensión de alimentos, no existe un mínimo inembargable, de modo que, aunque el deudor perciba una nómina por debajo del salario mínimo interprofesional, podrá embargarse la cuantía que el juez considere pertinente y necesaria, siempre asegurando su subsistencia.

PROCEDIMIENTO PENAL

Nuestro código penal sanciona la conducta consistente en el impago de la pensión de alimentos establecida y acordada en un convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial y, por tanto, el progenitor que deje de pagar la pensión durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, podrá exponerse a una pena de prisión de tres meses a un año, o una multa de seis a 24 meses y, la reparación del daño derivado del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

Hay que tener en cuenta que, para que prospere esta vía y, por tanto, el progenitor que esté incumpliendo la obligación sea condenado por este delito, es preciso que el mismo tenga conocimiento que tiene la obligación de realizar los pagos y que, sin embargo, no quiera hacerlo, por tanto, el obligado al pago debe poder hacer frente a esa obligación y tener la capacidad económica para abonar las cantidades adeudadas ya que, de lo contrario, supondría convertir el delito en una especie de “prisión por deudas” y este no es el objetivo, por lo que en caso de pobreza o insolvencia fortuita sobrevenida, debería resolverse el problema adaptando el importe de la pensión al estado económico del obligado al pago o concediéndole alguna moratoria que, en la medida de que fuera aprobada judicialmente, permitiría que su conducta no fuera delictiva.

Siendo así, cuando se nos plantea un caso de impago de pensiones, que es una situación bastante común, es preciso analizar las circunstancias del caso concreto y, de ese modo, podremos encuadrar la conducta que ha tenido la otra parte y, por tanto, saber que vía es la más adecuada y viable, con el objetivo y la finalidad de conseguir que se abonen todas las cuantías impagadas.

¿Se debe pagar pensión de alimentos en caso de custodia compartida?

mayo 4th, 2020 by

La custodia compartida garantiza a los hijos la posibilidad de disfrutar de ambos progenitores pese a la ruptura de la pareja, y este sistema implica una mayor facilidad a la hora de ejercer la responsabilidad parental conjunta, no obstante, es muy común pensar que, en el caso de que ambos padres acuerden implantar este régimen, no hay que abonar pensión de alimentos y, por tanto, se condona el pago de la misma.

En relación con la prestación de alimentos, si bien es cierto que el sistema de guarda compartida permite que ambos padres participen en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos evitando, de ese modo, el sentimiento de pérdida que tiene el progenitor cuando se atribuye la custodia al otro progenitor, y la desmotivación que se deriva cuando debe abonarse la pensión de alimentos, eso no exime que, en algunos supuestos, deba procederse a establecer una cuantía en concepto de pensión.

Debemos partir de la base que las necesidades de los hijos deben estar cubiertas por los progenitores teniendo en cuenta el criterio de proporcionalidad y, tal y como dispone el art. 146 de nuestro Código Civil  “la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe”, no obstante,  sigue existiendo de manera generalizada la creencia de que no procede establecer pensión de alimentos en el sistema de guarda y custodia compartida de los hijos menores ya que, por regla general, cada uno de los progenitores va a tenerlos en su compañía la mitad del tiempo y, por tanto, durante ese periodo de convivencia en el cual el progenitor esté con los menores, se hará cargo de los gastos que eso conlleve.

Inicialmente eran muchos los Tribunales que, al pronunciarse respecto de la pensión de alimentos en la guarda y custodia compartida, incluían una cláusula genérica acordando que cada progenitor se haría cargo de los gastos de los menores mientras los tuviera en su compañía, no obstante, los propios jueces han tenido que ir resolviendo distintas problemáticas entorno a este sistema de guarda ya que, en algunos casos, existe desproporción económica entre los progenitores y, por tanto, debe tenerse en consideración el criterio de proporcionalidad que he mencionado con anterioridad.

Siendo así, la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, sala 1º, de fecha 11 de febrero de 2016, sentó las bases que actualmente se tienen en consideración por los propios tribunales de primera instancia, manteniéndose actualmente el criterio que, aunque el régimen de guarda y custodia de los hijos sea compartida, el Juez podrá fijar alimentos cuando exista desproporción entre los ingresos de los progenitores.

En síntesis, la sentencia dispone lo siguiente:

» El recurrente entiende que al adoptarse el sistema de custodia compartida no es necesario el pago de alimentos, pues cada uno se hará cargo de los mismos durante el período que tenga la custodia de los menores.

Esta Sala debe declarar que la custodia compartida no exime del pago de alimentoscuando exista desproporción entre los ingresos de ambos cónyuges, o como en este caso, cuando la progenitora no percibe salario o rendimiento alguno (art. 146 C. Civil), ya que la cuantía de los alimentos será proporcional a las necesidades del que los recibe, pero también al caudal o medios de quien los da.”

Por tanto, en los casos en los que el Juez entienda que el sistema más adecuado es el de custodia compartida, ponderará las circunstancias y, si entiende y queda acreditado que existe desproporción económica entre ambos progenitores, podrá establecer el pago de una pensión de alimentos a cargo del que tenga mayores ingresos.

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