Blog de Alba José Clavé

Las consecuencias de no pagar la pensión de alimentos

Los procedimientos judiciales para reclamar la pensión de alimentos que el otro progenitor adeuda son muy frecuentes.

Para empezar, debe determinarse lo que se incluye dentro de la pensión de alimentos con carácter general. Así pues, tal y como indica nuestro código civil de Catalunya:

“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el mantenimiento, la vivienda, el vestido, la asistencia médica de la persona alimentada y, también los gastos para la formación si éste es menor, y para la continuación de la formación, una vez alcanzada la mayoría de edad si no la ha terminado antes por una causa que no le es imputable, siempre que mantenga un rendimiento regular. Asimismo, los alimentos incluyen los gastos de fallecimiento, si no están cubiertos”.

Siendo así, el obligado al pago de la pensión será el progenitor que no ostente la guarda y, por tanto, una vez fijados los mismos, éste deberá abonar mensualmente la cantidad establecida para sufragar estos gastos del menor que convive con el otro progenitor, no obstante, en muchas ocasiones, se incumple esta obligación, y esto supone consecuentemente que el progenitor que ostenta la guarda se vea en la obligación de asumir todos los gastos.

No existe motivo para impagar la pensión puesto que la finalidad de la misma es el bienestar de los hijos y, por tanto, cuando por sentencia judicial se ha establecido el pago y el importe de la misma, es obligatorio su abono, sin perjuicio de que si cambian sustancialmente la circunstancias del obligado al pago y, por tanto, hay un motivo debidamente justificado, pueda solicitar judicialmente una modificación de las medidas que se establecieron por sentencia y, por tanto, la reducción de la misma.

Entrando ya en los procedimientos que pueden iniciarse en el supuesto de que se incumpla el pago de la pensión, es preciso indicar que podemos optar por las dos vías que a continuación procederé a exponer, poniendo de relieve que siempre es preferible agotar la via amistosa y, por tanto, intentar solucionar el problema sin necesidad de acudir a la via judicial.

PROCEDIMIENTO CIVIL

Cualquier cantidad que se adeude podrá reclamarse por esta vía mediante un procedimento de ejecución. En el proceso que se inste podrán reclamarse las cantidades que hasta esa fecha se deban y, además, las que vayan acumulándose en el transcurso del proceso, si la otra parte no las abona.

En este procedimiento una vez se acuerde la ejecución por parte del juez, será posible proceder al embargo de la nómina, las cuentas y, si es preciso, los bienes del deudor.

Es importante que se tenga en cuenta que, en los procedimientos de familia y al tratarse de cantidades adeudadas en concepto de pensión de alimentos, no existe un mínimo inembargable, de modo que, aunque el deudor perciba una nómina por debajo del salario mínimo interprofesional, podrá embargarse la cuantía que el juez considere pertinente y necesaria, siempre asegurando su subsistencia.

PROCEDIMIENTO PENAL

Nuestro código penal sanciona la conducta consistente en el impago de la pensión de alimentos establecida y acordada en un convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial y, por tanto, el progenitor que deje de pagar la pensión durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos, podrá exponerse a una pena de prisión de tres meses a un año, o una multa de seis a 24 meses y, la reparación del daño derivado del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

Hay que tener en cuenta que, para que prospere esta vía y, por tanto, el progenitor que esté incumpliendo la obligación sea condenado por este delito, es preciso que el mismo tenga conocimiento que tiene la obligación de realizar los pagos y que, sin embargo, no quiera hacerlo, por tanto, el obligado al pago debe poder hacer frente a esa obligación y tener la capacidad económica para abonar las cantidades adeudadas ya que, de lo contrario, supondría convertir el delito en una especie de “prisión por deudas” y este no es el objetivo, por lo que en caso de pobreza o insolvencia fortuita sobrevenida, debería resolverse el problema adaptando el importe de la pensión al estado económico del obligado al pago o concediéndole alguna moratoria que, en la medida de que fuera aprobada judicialmente, permitiría que su conducta no fuera delictiva.

Siendo así, cuando se nos plantea un caso de impago de pensiones, que es una situación bastante común, es preciso analizar las circunstancias del caso concreto y, de ese modo, podremos encuadrar la conducta que ha tenido la otra parte y, por tanto, saber que vía es la más adecuada y viable, con el objetivo y la finalidad de conseguir que se abonen todas las cuantías impagadas.

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